Los escándalos que involucran los nexos de morenistas con la delincuencia organizada y la red de huachicol fiscal tienen su origen en Tamaulipas
Staff/Tertulia
Tres investigaciones judiciales y financieras abiertas en México y Estados Unidos tienen a Tamaulipas como territorio común o como origen de los actores señalados: el caso Rocha Moya, el huachicol fiscal y las sanciones contra el abogado Juan Pablo Penilla.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación penal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa. Los señalados rechazan los cargos.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió su detención con fines de extradición. La presidenta Claudia Sheinbaum la rechazó por falta de pruebas y condicionó cualquier arresto a evidencia “contundente e irrefutable”. Washington sostiene que México incumplió el Tratado de Extradición.
El 8 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó tres documentos del expediente: la nota enviada a la embajada estadounidense, la posición del gobierno mexicano y el pliego de cargos. Ese mismo día, la FECOR informó que no ha encontrado elementos suficientes para proceder.
Seis días después, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, se le preguntó a la presidenta si Washington había entregado alguna prueba. “No, ninguna”, respondió. Sobre el paradero del gobernador con licencia, zanjó: “El señor está en su casa”.
El 16 de julio, el nuevo embajador de México en Estados Unidos afirmó que el gobierno extraditará a Rocha Moya “sin dudarlo” si Washington entrega pruebas. El 22 de julio circularon versiones sobre su detención; Morena las desmintió y ninguna autoridad las confirmó.
El expediente convive con la negociación comercial. El 23 de junio, Sheinbaum descartó que el caso ponga en riesgo el T-MEC. El 23 de julio se reunió en Palacio Nacional con el representante comercial Jamieson Greer para la revisión conjunta del tratado.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que los temas de seguridad se usen como condicionante en esa negociación. Analistas consultados por la prensa nacional advierten lo contrario: que el endurecimiento del tono entre ambos gobiernos sí representa un riesgo para el acuerdo.
El vínculo con Tamaulipas proviene de una denuncia presentada en diciembre de 2024 ante una fiscalía federal de Nueva York contra López Obrador, Rocha Moya y Américo Villarreal. Sostiene que un mismo circuito de dinero ilícito financió las campañas de 2021 y 2022.
Villarreal fue delegado electoral de Morena en Sinaloa durante el proceso de 2021. En ese expediente, el empresario asesinado Sergio Carmona Angulo figura como financista central. Ninguno de los mencionados tiene imputación formal y el gobierno estatal ha rechazado los señalamientos.
El entramado del huachicol fiscal
El segundo frente es el huachicol fiscal, que estalló el 31 de marzo de 2025 con el aseguramiento de unos 10 millones de litros de diésel descargados en Tampico y ocultos en Altamira. El periodista Raúl Olmos calcula la evasión en más de 600 mil millones de pesos.
Según investigaciones de la FGR, los buques ingresaban con manifiestos falsos que declaraban la carga como aditivos o lubricantes. Un testigo protegido, exdirector de la Aduana de Tampico, declaró haber permitido el desembarque de 14 embarcaciones a cambio de sobornos.
El 16 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, del PAN, a quien señala como cabeza de la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora. También fue detenido el empresario Ricardo Thompson Navarro.
La fiscal general Ernestina Godoy expuso que la red importaba gasolina y diésel desde Texas por vía ferroviaria. “Reportaban alrededor de 10 mil litros, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros”, detalló. El daño al fisco estimado supera los 4 mil millones de pesos.
Ruffo promovió un amparo contra su detención. El 23 de julio, tras más de treinta horas de audiencia, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, con prisión preventiva en el penal del Altiplano.
Vicente Fox y doce exgobernadores panistas formaron un frente en su defensa y exigieron que enfrente el proceso en libertad. Dirigentes del PAN lo llaman “el primer preso político del sexenio”. Morena respondió que conserva la presunción de inocencia.
La presidenta salió al paso el 27 de julio. “No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, sostuvo en la mañanera, y afirmó que la Fiscalía presentó “muchísimas pruebas” ante la jueza que libró la orden de aprehensión.
Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026, la FGR judicializó a 407 personas por contrabando de hidrocarburos por vías marítima, ferroviaria y terrestre. El secretario Omar García Harfuch anunció que siguen abiertas órdenes de aprehensión.
El expediente alcanza también a los hermanos Farías Laguna, marinos y sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, y menciona al senador Adán Augusto López, quien ha negado los señalamientos. La defensa de los Farías sostiene que ellos denunciaron la red.
El esquema es geográficamente tamaulipeco: entra por Tampico, Altamira, Reynosa y Matamoros. La senadora morenista Olga Patricia Sosa Ruiz es investigada en Estados Unidos por presunto financiamiento político con esos recursos. Niega los hechos y denunció el uso de documentos manipulados.
En el primer semestre de 2026 se aseguraron en Reynosa más de 3.5 millones de litros de hidrocarburo, de un total estatal superior a 4.3 millones. El decomiso de marzo, en el rancho San Cristóbal, sumó 2 millones 189 mil litros.
Tras aquel operativo, el gobernador Villarreal pidió a la FGR identificar a los dueños del predio y de los autotanques. “Ahí están los verdaderos huachicoleros”, dijo entonces, sin mencionar nombres. Cuatro meses después, la autoridad no ha informado de imputaciones derivadas de ese predio.
El 21 de julio, fuerzas federales aseguraron en Reynosa una presunta refinería clandestina con 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo, valuados en más de 120 millones de pesos. El complejo operaba a kilómetro y medio de un cuartel de la Guardia Nacional.
Un informe de inteligencia de la SSPC, integrado por la FGR a un expediente por contrabando, señala al senador tamaulipeco José Ramón Gómez Leal como presunto operador de una red que usaba las aduanas fronterizas. El legislador lo negó el 12 de julio.
“Una vez más tengo que decirlo: yo no tengo empresas que digan JR, ni una”, respondió en un video difundido en redes sociales. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad ha informado de una investigación formal en su contra.
Penilla, el abogado tampiqueño y su red de intereses
El tercer frente es el del abogado tampiqueño Juan Pablo Penilla Rodríguez, sancionado el 14 de abril de 2026 por la OFAC del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. Fue defensor de Miguel Ángel Treviño Morales.
El Tesoro sostiene que operaba como intermediario del capo preso con la cúpula del cártel. La medida alcanzó también a los casinos Centenario, de Nuevo Laredo, y Diamante, de Tampico, señalados como puntos de lavado y de acopio de droga.
En 2023 la Cámara de Diputados le otorgó el título de “Embajador Internacional por la Paz” y en 2024 el Senado le entregó el “Premio Patria”. En enero de 2023 figuró como asesor honorífico del Ejecutivo de Tamaulipas, nombramiento anulado un año después.
Sheinbaum afirmó no conocerlo, y Morena y el gobierno estatal negaron cualquier relación institucional. En junio de 2026 un tribunal colegiado desechó una queja con la que buscaba evitar su detención. Su paradero se reporta desconocido y no hay novedades en julio.
Los tres expedientes comparten actores. Sergio Carmona aparece en el financiamiento de las campañas de 2021 y en la red del huachicol. Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación, es mencionado tanto en el caso Penilla como en esa misma red.
Ninguno de los señalados cuenta con sentencia firme. El material proviene de sanciones administrativas, carpetas de investigación abiertas, denuncias presentadas por el PAN y declaraciones de testigos protegidos. Los deslindes de los mencionados forman parte del expediente público.